Del republicanismo sentimental al radical

Aunque ambos fueron publicados el pasado enero, me parece oportuno recuperar, ahora que se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución y que la “nueva política” parece acordarse del “viejo republicanismo”, dos artículos de opinión aparecidos en sendos medios “de prestigio”. Entonces, casi al mismo tiempo que El País nos dejaba ojipláticos con el artículo “Una Monarquía meritocrática”, El Mundo presentaba en su tribuna otro titulado “Contra la nueva leyenda negra”. Ambos artículos están escritos por miembros “notables” de la elite cultural patria. El primero lo firma un Catedrático de Universidad. El autor del segundo es escritor, y fue Ministro de Cultura. Ambos comparten la idea de que la Monarquía tiene una legitimidad de ejercicio basada en su utilidad. Ambos artículos juegan a componer oxímoros que parezcan viables: la monarquía meritocrática por un lado, la monarquía republicana por el otro. El trile conceptual subyacente, tras el cual ya no es posible caracterizar con precisión qué es una república, una monarquía o una democracia, es de tal importancia política que hasta ha recibido sanción politológica.

En estos oxímoros se condensa la permanente operación de propaganda que trata de distorsionar la historia del republicanismo español. Una historia que es trágica pero muy reveladora, puesto que cada episodio de la misma demuestra que monarquía hispánica y justicia social son radicalmente incompatibles, al menos, de 1808 en adelante. Distorsionar la historia del republicanismo español y sus derrotas es el único modo de hacer presentable a una oligarquía con un paupérrimo sentido del bien común. Por eso tiene sentido analizar esos dos oxímoros, y su trasfondo común, con un poco más de detalle.

En España el republicanismo está netamente sentimentalizado. En parte esto es inevitable, porque el republicanismo moderno es un proyecto político imposible. El republicanismo toma nota, con preocupación, de cómo el capitalismo transforma de raíz el orden social y disuelve los lazos sociales que estructuran en las sociedades tradicionales “lo común”. La disolución de lo común produce dos nuevas grandes clases sociales enfrentadas y cuyos intereses armoniza, de entrada, el mercado. Esa armonización es inicua e insuficiente. No puede sostenerse sin violencia y sin un amplio repertorio de mecanismos extraeconómicos. Sin embargo, con muy buenas intenciones, lo que propone el republicanismo moderno es que el entramado institucional del Estado opere no solo como árbitro y gendarme sino como un mediador integral que restablezca por otra vía eso común que el capitalismo anula. El problema del republicanismo es el germen del socialismo: el Estado republicano quiere convertirse en el “Estado de todos” pero no puede dejar de ser un Estado burgués. El ideal república plena que mantenga inalterados los fundamentos de la lógica económica capitalista es una quimera que no se sostiene sin altas dosis de ideología, que deben crecer al tiempo que se agrave ese defecto estructural del republicanismo. La emblemática República Francesa es un ejemplo perfecto de todo esto. El discurso sentimental sobre la unidad de la República, tan parecido a pesar de todo al que aquí escuchamos sobre la unidad de España ha adquirido un peso ideológico creciente. Esto ha sucedido conforme se ha ido agravando, como efecto de la crisis de 2007 y la solución austericida, la doble fractura socioeconómica que pone a Francia en apuros desde hace décadas: el racismo institucionalizado y la polarización campo-ciudad.

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Lo peculiar del caso español es que el republicanismo aquí no sea más que un sentimiento. Lo que es idéntico a decir que no es nada. Eso depende en parte de la historia política de España. Es preciso recordar que la Primera República española llega de rebote, casi sin ganas, y que la Segunda República se declara en las ciudades, llevando a las zonas rurales a remolque. Si vamos en busca de una explicación un poco más profunda, daremos con un Estado construido con los mimbres de un imperio que se desmorona y a través de diversas oleadas de colonización interna de un territorio donde, en general, la acumulación capitalista es débil. Aunque desde luego la construcción de un Estado-nación siempre es un proceso turbulento, conflictivo, que deja cabos sueltos, en el caso de España los factores adversos eran un tanto particulares. Conservar la unidad territorial en un imperio cada vez más disminuido y cuya metrópolis no se había constituido como nación en sentido estricto fue posible porque permanecieron reconocidas grandes asimetrías y porque el catolicismo funcionó muy bien como matriz ideológica común.

Los republicanos españoles eran muy conscientes de que a nuestro país le quedaba todo (o casi) por hacer en ese proyecto, probablemente irrealizable, de convertir efectivamente al Estado en un mediador capaz de construir modernamente lo común. Su tarea era traducir y adaptar las ideas republicanas a un país en el que los modos de vida tradicionales resistían los envites de la modernización al mismo tiempo que eran reos del tradicionalismo católico. En última instancia, pues, no estábamos preparados para resistir con eficacia al paso del tiempo y a dinámicas político-sociales de alcance mundial pero tampoco para subirnos intrépidamente al “tren del progreso”. No es baladí en ese sentido que los Gobiernos progresistas de la Segunda República se preocuparan especialmente por las zonas rurales: eran perfectamente conscientes de que la falla campo-ciudad ponía en serio peligro el proyecto republicano. Lo mismo cabe decir de las aspiraciones nacionales de los distintos pueblos del post-imperio español, y del intento de la Segunda República por darles salida. Y de los esfuerzos por acotar el poder de la Iglesia Católica.

La Guerra Civil, la Dictadura, la Transición y el Posfranquismo han reducido a la nada, tal vez sin remedio, ese proyecto. Han agudizado las diferencias campo-ciudad, y las han moldeado y puesto al servicio de un sistema electoral que las reproduce. Y al mismo tiempo han reforzado e institucionalizado diferentes formas de caciquismo. También han dado a la cuestión nacional una solución problemática e insatisfactoria, impidiendo por la fuerza cualquier salida mínimamente decorosa. Han mantenido y reforzado los privilegios de la Iglesia Católica. Han convertido al Estado en una institución que media entre oligarquías (territoriales y sectoriales), y han recurrido a la Corona para que cumpla el rol, simbólico y práctico, de dotarlas de unidad y facilitar su coordinación.

Este arreglo constitucional, que en parte no desdeñable tomó forma ya durante la Dictadura, tenía que terminar de instalarse tras la muerte de Franco. La continuidad debía disfrazarse de cambio, y la Transición fue el proceso político conflictivo en el que unos trataban de conseguir una transformación real mientras otros componían el disfraz. Como parte de esa operación político-ideológica, era necesario anular políticamente al republicanismo, puesto que lo que se estaba institucionalizando era cualquier cosa menos una república. La estrategia que se siguió para hacerlo, probablemente porque el terreno estaba abonado para ello tras cuarenta años de franquismo, fue la sentimentalización: en vez de restaurar la legitimidad de la Segunda República y denunciar el golpe de Estado frustrado que desató la Guerra Civil, se consagró el relato sentimental de la guerra y se renovó la legitimidad del golpe fascista.

La crisis política de este modelo se lleva incubando desde hace mucho. Probablemente su primera fase fue el derrumbe político del “felipismo”, con los GAL, la corrupción galopante, la reconversión industrial, la adhesión a la UE en el 86 (que Concha Velasco celebró cantando) y Maastricht en el 92… La segunda fue el “aznarismo”, entre cuyos hitos tenemos la adopción del euro, la ley de partidos, la Guerra de Irak… La tercera fase coincide con el primer gobierno de Zapatero, que consiguió temporalmente recomponer al PSOE gracias al enfrentamiento permanente con la oposición aznarista. En estos años se produce, por ejemplo, la polémica reforma del Estatut, que es en parte el origen del actual conflicto territorial, al tiempo que colean procesos políticos que habían empezado antes, notablemente la aplicación de la ley de partidos a la izquierda abertzale. La cuarta fase es la que abre la crisis económica. Opera de nuevo “Gran Coalición” PP-PSOE para garantizar la aplicación en España de los dictados de Bruselas y se produce un nuevo giro autoritario que engrasa la política de recortes, aplicando en el conjunto del Estado prácticas antes probadas en el País Vasco. En las tres primeras fases las distintas fisuras de nuestro orden oligárquico (el abandono de las zonas rurales, la cuestión nacional, las debilidades del sistema productivo, la falta de legitimidad de la monarquía…) se sacudían separadamente, y el relativo control sobre unas ayudaba a gestionar las otras. En la fase actual han estallado todas a la vez, retroalimentándose entre sí.

La Monarquía es la clave que sostiene una estructura oligárquica compleja. Ha sido la primera fisura que el régimen se ha apresurado a soldar, mediante la sucesión y una potente maquinaria propagandística de la cual los artículos citados al inicio son un producto. Ello es una prueba de su importancia sistémica y de su debilidad. Así, y aun aceptando la dudosa posibilidad teórica de que una monarquía parlamentaria pudiera de facto funcionar como una república, hay razones de peso para afirmar que España no es un ejemplo de ello ni podrá serlo. Al hilo del modo en que Felipe VI intervino públicamente tras el referéndum del 1 de octubre ya presenté algunos argumentos a este respecto. Sí podríamos llegar a ver, sin embargo, una oligarquía española sin monarquía, siendo esta la única verdad que porta el discurso de la “monarquía útil”: una monarquía inútil sería perfectamente prescindible. La Monarquía es la pieza clave, sí, pero in extremis es sustituible.

En un contexto como el nuestro, el republicanismo sentimental es un recurso políticamente inútil para la izquierda española. En el mejor de los casos supone un as en la manga de la oligarquía que, si se diese la circunstancia, podría prescindir de la Corona preservando inalterado todo lo demás. En el peor, y más probable, es la desactivación práctica del potencial político que podría tener un republicanismo radical.

Cuestión distinta, pero con el mismo fondo, es la función del republicanismo sentimental en el seno de la Unión Europea. La UE puede parecer el germen de una república continental solo bajo la condición de que el republicanismo haya sido previamente sentimentalizado para así ocultar una realidad muy distinta. Una realidad intelectualmente esbozada mucho antes de que se constituyera la CECA o se firmase el Tratado de Roma. Baste como ejemplo clarividente un texto de Ernst Jünger, La Paz, que de acuerdo con la nota editorial fue bosquejado en 1941, difundido en copias a mano y a máquina desde 1944, e impreso por vez primera en 1945. En el parágrafo 12 del capítulo II de este breve ensayo Jünger enuncia los rasgos básicos de una hipotética “Constitución europea”.

[H]ay dos principios supremos”, comienza Jünger, “que habrán de cobrar expresión en la Constitución, cualquiera que sea el modo como esté estructurada. Esos dos principios son el principio de la unidad y el principio de la diversidad”. Después añade: “En la unión de esos dos principios hallarán a la vez su conciliación las dos grandes direcciones que la democracia ha tomado en nuestro tiempo, de un lado el Estado autoritario, y de otro el Estado liberal”. Es decir, que la Constitución europea será lo que fuere, pero no desde luego una constitución democrática ni republicana en sentido preciso. A la luz de lo ocurrido desde 1950 en adelante, el texto de Jünger parece ser casi profético en sus detalles, o el libro de cabecera de los promotores de la UE:

Habrá que separar, pues, los estratos que resultan adecuados a ambas formas políticas. Las formas del Estado autoritario de orden resultarán apropiadas en aquellos asuntos donde cabe organizar técnicamente a las personas y las cosas. La libertad habrá de reinar, por el contrario, en aquellas cosas donde lo que domina es un crecimiento orgánico profundo. […] Todo lo que atañe a la técnica, a la industria, a la economía, a las comunicaciones, al comercio, a las unidades de medida y a la defensa, todo eso habrá que organizarlo unilateralmente. Esas diversas ramas son como las grandes carreteras y vías férreas que atraviesan cual radios un imperio, y que son iguales en todas las comarcas y provincias, cualquiera que sea la naturaleza del país y de sus gentes. Como hijos de su tiempo y como miembros de un mundo civilizado los seres humanos podrán moverse por ellas sin tropezar con fronteras y en todas partes se encontrarán como en su casa. La libertad habrá de reinar, por el contrario, en la diversidad – en aquellos asuntos donde los pueblos y los hombres son distintos. Esto rige para su historia, para su lengua y su raza, para sus costumbres, usos y leyes, para su cultura, su arte y su religión”.

Jünger llega incluso a prever el entusiasmo europeísta de los regionalismos, aunque no los riesgos de que ese entusiasmo pueda mutar en desafección:

Dentro de ese marco florecerán con más vigor que hasta ahora tanto los pueblos grandes como los pequeños. Al extinguirse la competencia entre los Estados nacionales podrá el alsaciano, por ejemplo, vivir como el alemán o como el francés, sin verse forzado a ser lo uno o lo otro. Y sobre todo podrá vivir como alsaciano tal como le plazca. Será un volver a ganar libertad, que se hará visible hasta en los fragmentos de los pueblos, hasta en las etnias y las ciudades. En la casa nueva uno podrá ser bretón, güelfo, vendo, polaco, vasco, cretense, sardo o siciliano con más libertad que en las casas antiguas”.

El republicanismo sentimentalizado es la forma ideológica que permite ver como un modo de democracia la combinación, en distintos estratos, de autoritarismo y liberalismo. Es la forma ideológica que justifica la homologación de una monarquía parlamentaria directamente surgida de una dictadura filofascista. Es la forma ideológica a la que trata de recurrir Macron para justificar el sacrificio de mecanismos básicos de nivelación socioeconómica en favor de los dictados técnicos de la austeridad presupuestaria.

Por eso cuando Josep Borrell sugiere, en diálogo con Heiko Maas, que la adhesión ciudadana a la Unión Europea puede construirse a través de mecanismos como una prestación comunitaria de desempleo suena tan ridículo como Pablo Casado queriendo ver un “Viva el Rey” tras cada acto burocrático cotidiano. Por eso la Unión Europea ha desatendido presupuestariamente el mejor recurso del que jamás ha dispuesto para constituir algo así como una identidad europea, que es el programa Erasmus. Al no garantizar económicamente la movilidad de todos los jóvenes europeos durante sus estudios, y al no establecer mecanismos de supervisión del grado de integración de los estudiantes visitantes en las universidades de destino, han hecho de ese programa algo solo accesible para las clases acomodadas. Este es, por lo demás, un sesgo clasista que se reproduce también en el caso general de la libre circulación de personas.

Ahora bien, aunque el republicanismo moderno sea, como se ha dicho al comienzo, un proyecto político imposible, el republicanismo radical puede ser una matriz política interesante. Ese interés se explica por el hecho de que el republicanismo radical es consciente de las contradicciones internas del proyecto republicano. En su comprensión de la política, la economía y el derecho el republicanismo radical respeta y acepta el lugar que ocupan la excepción revolucionaria y la revuelta popular. Por eso mismo el republicanismo radical también tiene en cuenta que la reconstrucción de lo común solo puede tener efectos duraderos si no depende de la mediación de los aparatos estatales. En definitiva, frente al republicanismo sentimental que en la intimidad de su conciencia preferiría tener un presidente de la república igualmente útil para la oligarquía, un republicanismo radical y consecuente ha de buscar que la monarquía devenga inútil porque han cambiado los intereses y preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Esto, Pablo Iglesias, depende a día de hoy, y entre otros muchos vectores de lucha social, tanto del feminismo como del sindicalismo de clase. Efectivamente la huelga del 8 de marzo fue promovida, sostenida y liderada por el movimiento feminista, pero a su éxito contribuyó la convocatoria formal de la huelga, que dependió sobre todo de CGT y, en otra medida, de la presión realizada por las bases sindicales de UGT y CCOO.

[*] Artículo originalmente publicado en Communia.

 

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Da igual a quién, pero vota

“Da igual a quién, pero vota”. Esta frase resume una de las ideas fundamentales inculcadas por la educación cívica que hemos recibido quienes crecimos en la España pos-franquista. Esta idea es que, aunque votar sea un derecho y no una obligación, al mismo tiempo es un deber moral. Lo es porque, al ejercer el derecho de sufragio, honramos la memoria de todos aquellos que se jugaron (o incluso perdieron) la libertad o la vida para conseguir que ese derecho pudiera ser reconocido y ejercido.

Era y es una consigna ideológicamente perversa por al menos dos motivos. Por un lado, y revisando solo nuestro pasado reciente, la inmensa mayoría de aquellos que se jugaron la libertad y la vida en la lucha antifranquista no querían votar en abstracto. El derecho al sufragio era pensado y reivindicado como parte de un conjunto orgánico de demandas que tenían que ver no solo con las libertades civiles y políticas sino también con los derechos sociales, las políticas económicas e incluso el papel de España en la política internacional. La educación cívica que hemos recibido hasta la fecha desnaturaliza la reivindicación histórica de la celebración de unas elecciones libres porque la despoja de su contexto. También oculta sistemáticamente el origen histórico de los modernos sistemas parlamentarios, pensados como dique de contención de las reivindicaciones democráticas. Y que la elección es un mecanismo aristocrático basado en la desigualdad, mientras que el método de selección que acompaña a la igualdad democrática es el sorteo. En definitiva, crea las condiciones para que no nos resulte extraño llamar “democracia” a lo que no es más que una oligarquía generosamente permisiva cuando no se siente amenazada.

Por otro lado, el “da igual a quién” es, aunque no se reconozca, una fórmula cargada de cinismo. No “da igual” porque todas las opciones son legítimas y tienen las mismas oportunidades, sino porque a través del voto no se decide nada realmente determinante. Y quien dice “da igual a quién, pero vota” sabe esto perfectamente. De lo que se trata, pues, es de legitimar el sistema en general, haciendo pasar sus defectos constitutivos por taras no esenciales que afectan a algunos de sus componentes.

Sin embargo, la crisis iniciada en 2007 ha supuesto no solamente un serio descalabro económico sino además una radical puesta en cuestión de los límites de las instituciones del parlamentarismo liberal. Esos límites siempre estuvieron ahí, desde luego. No está claro si el modo de regulación neoliberal los hizo realmente más estrechos o si simplemente mostró con mayor claridad cuál había sido siempre su naturaleza.

La crisis de las (mal llamadas) democracias representativas ha sido prácticamente universal. Ahí tenemos por ejemplo las victorias electorales de Bolsonaro o Macri, que han sido posibles debido tanto a la abstención del votante de izquierdas como al apoyo parcial de sectores sociales que, por razones objetivas, deberían haberles sido adversos. Así, hasta América Latina, donde se suponía que el ciclo bolivariano había conseguido remar contracorriente, se ha visto afectada por esta ola de descrédito. La misma combinación de seducción de una parte de los “perdedores de la globalización” y desencanto del resto (la mayoría), al cual se suma la frustración de la izquierda de clase media urbana previamente ilusionada, aparece en todas partes. La encontramos en la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, en el duro pulso con el Frente Nacional en Francia y, también, el auge electoral de Vox en España.

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Una hipótesis explicativa que permite dar cuenta de casos tan dispares, y que de momento no ha sido explicitada, es que ha cambiado nuestra relación con las instituciones representativas y con el derecho de sufragio.

La revalorización del voto

Se diría que, hasta que emergió y se hizo visible la crisis de representación, dábamos muy poco valor a nuestro voto porque nuestro afecto se volcaba sobre las instituciones mismas, legitimadas por el propio acto de votar. Con la crisis de representación, empero, las instituciones se toparon con nuestra desafección. Y ésta, por desgracia, no dio pie a una transformación radical de la política representativa, sino a un anhelo de ser auténticamente representados.

El movimiento subterráneo que explica esa traducción es que el afecto proyectado sobre la institución se retrajo sobre el voto: las instituciones representativas no valen nada, pero nuestros votos todavía pueden valer mucho. El voto es lo que da legitimidad a las instituciones que nos administran y nos reprimen. Y también es el criterio universalmente aceptado que permite determinar pacíficamente qué elites, o qué facciones de éstas, tendrán un acceso privilegiado a la riqueza común y a los nodos de poder.

Esta forma de operar en un sistema representativo no es menos ideológica que la anterior. Es su reverso narcisista. Es producto del acto reflejo a través del cual tratamos de reconstruir el orgullo herido. Y, como su antecesora, también contiene un poso de verdad. Pero esa verdad pequeña, desdibujada, oculta otra mayor, que queda desmentida: si en un marco institucional que aún es considerado respetable, el voto ya no vale nada, en un marco institucional que ha perdido toda credibilidad el voto vale todavía menos. Absolutamente todos, representantes y representados, jugamos a desmentir esa realidad para mantener una ficción política en la que nos sintamos cómodos.

En el caso concreto de España, las dos principales mutaciones políticas acontecidas en nuestro país desde la gran crisis institucional del 2011 tienen que ver con la afirmación absoluta del valor del voto en cuanto tal.

Por un lado, el sistema de partidos se ha transformado a través de la reivindicación de las elecciones primarias. De esa reivindicación surge Podemos, después Ciudadanos, y en un tercer momento el retorno épico de Pedro Sánchez. Incluso la victoria de Pablo Casado frente a Cospedal y Sáenz de Santamaría puede leerse en esos términos; las mismas bases desencantadas con el rajoyato son las que auparon a Casado y las que se ven tentadas por Vox. En esa misma línea se podría aventurar que, según cómo procedan ambos partidos en los próximos años, Vox podría ser para el PP lo que Podemos ha sido para Izquierda Unida. No sería descabellado ver a Rajoy como el Llamazares de la derecha.

Por otro, el equilibrio político-territorial del Estado pasa por serios apuros debido a la pujante reivindicación catalana del reconocimiento del “derecho a decidir”. El procés tiene como horizonte el ejercicio, quizás sui generis, del derecho de autodeterminación mediante un referéndum, y mientras tanto se mantiene vivo a través de permanentes elecciones y consultas. En el caso catalán más que ningún otro la institucionalidad parlamentaria está completamente desprovista de valor porque todo el afecto se ha retraído sobre el voto.

Si volvemos a analizar lo que está ocurriendo a escala prácticamente global, este esquema de revalorización del voto y devaluación de las instituciones permite entender perfectamente por qué perdió las elecciones Hillary Clinton frente a Donald Trump, o por qué PSOE y Adelante Andalucía han perdido en total cerca de medio millón de votos, o por qué Haddad no consiguió imponerse a Bolsonaro, o por qué Macron no consiguió un apoyo en segunda vuelta tan masivo como el que recibió Chirac en circunstancias muy parecidas.

Por un lado, el voto no está solo encarecido, sino que además se encuentra atrapado en una espiral inflacionista condicionada por el anhelo de una representación auténtica. En un contexto así, renovar la confianza del electorado es prácticamente un imposible. Por otro lado, la devaluación institucional tiene como efecto secundario la subestimación del riesgo que puede suponer un gobierno reaccionario. Acostumbrados a que la izquierda no pueda cumplir su programa de gobierno, sobreentendemos que la extrema derecha tampoco podrá poner en marcha las medidas radicales que promete. Por eso las estrategias políticas, y específicamente las electorales, basadas en el “temor pardo” no pueden tener éxito, y más nos vale abandonarlas cuanto antes.

¿Es la diversidad una trampa?

Al hilo de esto es imposible evitar la referencia a la otra gran hipótesis que circula desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Podemos bautizarla como la hipótesis de “la trampa de la diversidad” porque ciertamente Daniel Bernabé, que tiene un gran talento literario, ha dado con el mejor nombre. En todo caso, con diferentes formulaciones y matices sin duda importantes es una idea recurrente, formulada por voces de lo más diversas.

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El núcleo rescatable de esta hipótesis es que las fuerzas políticas de izquierdas viven en un desolador vacío programático. Los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan estas fuerzas cuando quieren convertir sus principios y propósitos generales en un programa de gobierno son descomunales, especialmente en el ámbito socioeconómico. Cuanto más radical se busca que sea la respuesta a un determinado problema, aquel que parezca más urgente, más evidente se hace su conexión con el resto de cuestiones esenciales que es necesario abordar. Eso, sin embargo, no facilita el diseño de un plan de gobierno integral sino que genera una sensación de desborde, bloqueo e impotencia. Por eso, allí donde consiguen tomar los mandos de una institución, las fuerzas de izquierda acaban actuando guiadas por la inercia que conservan sus adversarios y reduciendo la acción política a parches, gestos y símbolos. Si hablamos de América Latina, claro está, los proyectos bolivarianos han realizado conquistas materiales importantes. Por eso mismo los límites y las contradicciones que allí han resultado por el momento insuperables son de naturaleza más profunda que los obstáculos ante los cuales la izquierda europea ha doblado la cerviz. Pero en última instancia el gran problema es el mismo: el capitalismo es irreformable y las instituciones existentes no pueden ir, en el mejor de los casos, más allá de la reforma.

En todo caso queda claro que el problema no es tener que optar entre distribución y reconocimiento. Cualquiera con dos dedos de frente ve que ambas perspectivas están íntimamente unidas y son indisociables. Toda política de distribución establece un sistema de reconocimiento, y las políticas de reconocimiento son vacuas si no se sustentan en modificaciones de la distribución. Precisamente la experiencia europea con gobiernos de izquierda durante los últimos treinta años demuestra qué ocurre cuando, por no querer (o no poder) hacer nada en términos de distribución, se toman medidas simbólicas en términos de reconocimiento. El trasfondo de esa táctica cortoplacista y superficial es la preocupación electoral por satisfacer una demanda de representación auténtica que es imposible de cumplir y que, con mayor o menor intensidad, nos está afectando a todos.

La buena noticia en este sentido es que los votos a la extrema derecha son tan volátiles y están tan afectados por la espiral inflacionista del voto como los de la izquierda. La mala es que el nacionalismo excluyente, el autoritarismo y la guerra del penúltimo contra el último son mecanismos estabilizadores peligrosamente eficaces.

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Prácticamente cada vez que he reflexionado sobre el modo en que Podemos está operando políticamente he criticado su apuesta por la maleabilidad del discurso y su falta de atención a los elementos materiales de la política. Desde esa misma perspectiva se comprende claramente cuál es el problema de la versión caricaturesca de la hipótesis de “la trampa de la diversidad”, que sí contrapone tontamente distribución y reconocimiento y se queja de que la izquierda ha perdido “sus señas de identidad”. Ese posicionamiento caricaturesco a veces se desliza en los análisis que circulan por ahí, y también es posible encontrarlo en una porción interesante de votantes “de izquierdas” (la inmensa mayoría hombres de mediana edad). Aunque pueda parecerlo, estos posicionamientos no constituyen una crítica frontal a Podemos. Son un efecto colateral de la práctica política podemita en las coordenadas, ya delineadas, de revalorización del voto y devaluación institucional.

Lo que preocupa en este caso no es la realidad “material”, de la que en el fondo todos sabemos muy poco, sino la presencia o ausencia de un discurso sobre cuestiones materiales. No se critica aquí el anhelo ilusorio de encontrar al representante auténtico, sino que una vez más se espera la llegada de un representante auténtico, aquel en el que verdaderamente se refleje nuestra identidad “de clase”, obrera o media. Una vez más se apuesta todo a la capacidad performativa del discurso y se descuida la práctica política cotidiana de solidaridad, resistencia y lucha.

La hipótesis de “la trampa de la diversidad” en su versión caricaturesca impide, por lo demás, ver la conexión entre la crisis institucional de los países del centro y la que simultáneamente afecta, al menos, a gran parte de la semi-periferia. Como corolario del repliegue narcisista sobre el voto, aparece una visión política necesariamente parcial según la cual, si se considera lo que ocurre en otros rincones del mundo, es solo para hablar de amenazantes competidores o de demografías desbocadas. Cuestiones como el subdesarrollo, el intercambio desigual o el imperialismo económico van a quedar completamente fuera de foco.

Ideas para una política radical

Hasta aquí queda descrito el escenario. Lo que queda pendiente es diseñar una respuesta. Por lo pronto, es necesario entender, reconocer y explicitar el poso de verdad que tienen la revalorización del voto y la devaluación institucional. Solo entonces es posible explicar, como contrapunto, que incluso si la izquierda en el poder hace, por sí misma, poco bien, la derecha reaccionaria en el poder puede hacer mucho mal. Ya hay miles de ejemplos disponibles. Es cierto que el Mediterráneo ya era una fosa común horripilante antes de la formación de un gobierno rojipardo en Italia, pero la llegada de ese gobierno hace las cosas peores. Es cierto que en Estados Unidos el racismo está perfectamente institucionalizado, pero también lo es que el gobierno de Trump ha llegado al extremo de meter a niños en jaulas.

Es también necesario reorientar la crítica de la representación para salir de la espiral en la que nos deja atrapados el anhelo de autenticidad. Eso solo se puede hacer mediante la transformación profunda de la forma en que hacemos política, explorando nuevos modos de organización y relativizando la importancia de los ciclos electorales. Necesitamos dotarnos de instrumentos que suplan los límites de la representación al margen de la política representativa, y no a través del anhelo delirante de una representación perfecta.

También hace falta dedicarle un enorme esfuerzo a la superación del actual vacío programático, lo que antes requiere mejorar sustancialmente los análisis de los que disponemos. Eso implica comprender mejor, y con atención a las especificidades presentes, todos los aspectos de nuestra vida social: la economía, el derecho, la ciencia, las industrias culturales, las rivalidades geopolíticas, las cuestiones medioambientales… Esa tarea no es un capricho de erudición sino en sí misma un ámbito de práctica política actualmente abandonado. Necesitamos contar con todo tipo de saberes, cultivados por todo tipo de personas, que solo en la puesta en común y el intercambio pueden dejar de ser privados y parciales.

Otro aspecto relevante en nuestra coyuntura es que la escala de los problemas es global, lo cual hace inviables las “robinsonadas”. Es necesaria una reafirmación soberana popular, pero en una territorialidad compleja que no es la del Estado-nación sino que empieza más acá y ha de extenderse más allá de la escala estatal. Por eso mismo la reconstrucción política de la que estamos hablando tiene que hacer del internacionalismo y el antiimperialismo uno de sus ejes centrales. Esto significa al menos dos cosas. Por un lado, entender cuál es la inserción internacional de España en la estrategia imperialista global. Esto requiere cuestionar radicalmente la participación activa de España en la OTAN, su cooperación bilateral con los Estados Unidos, y su proyección en África (en en marco de la UE) y en América Latina (donde España actúa como ariete). Por otro, reconstruir alianzas estratégicas que no dependan de las estructuras internacionales vigentes, sino que puedan servir de hecho para romper con ellas.

Caso concreto y evidente de esto último es el de la Unión Europea. No hay modo de transformar radicalmente nuestro modelo socioeconómico en su seno, pero tampoco es viable hacerlo en solitario. Son precisas alianzas internacionales estables que sirvan de contrapeso en el interior de la UE y que al mismo tiempo puedan sentar las bases de una demolición controlada de esa estructura. Si esas alianzas son construidas solo a través de los instrumentos que la propia UE proporciona, quedarán atrapadas en el marco que en principio querían superar. También reproducirán instintivamente la lógica de la Europa fortaleza, que solo es sostenible en el medio plazo si se sigue llenando el Mediterráneo de cadáveres y si se excluye a una porción creciente de población europea de un sistema de bienestar que cada vez es menos un derecho y más un privilegio.

En Podemos todos los debates de calado quedaron cerrados en falso y por la fuerza en el primer Vistalegre. Prácticamente nadie se propuso realmente abrirlos en el segundo, porque entonces las facciones funcionaban ya a pleno rendimiento. Como ya se palpa el riesgo de que el partido tire por la borda en el próximo año lo poco acumulado sobre bases tan precarias, puede estar a punto de abrirse una oportunidad para la redefinición profunda del proyecto. Tal vez no haya que esperar a pegarse un castañazo en las próximas generales, y baste con constatar en las elecciones de mayo de 2019 que, tal y como están ahora mismo las cosas, el valor de nuestros votos supera con mucho lo que el partido puede ofrecer: una muleta para el PSOE, espectáculos bochornosos cada vez que se avecina un juego de sillas, pugnas políticas entre notables de resonancias galdosianas (véase, en Madrid, la juez contra el general) y plebiscitos para sancionar los caprichos e incoherencias del Secretario General.

La máquina de guerra electoral está irremediablemente herrumbrosa y gripada. Hace falta tejer otro tipo de red, que tenga otros tiempos y que siga otra lógica. Si no es con Podemos, tendrá que ser a su pesar.

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Nuevo texto

Un año más llega el momento de compartir con mis fieles lectores, a los que tan poquito caso hago, las notas de mi presentación en el seminario anual de Almarza. Este año teníamos un tema tan hermoso e inagotable como «la gracia», y mi cometido fue presentar la Carta a los Romanos y el Evangelio de Lucas.

También he añadido el texto del capítulo con el que contribuí el año pasado a un libro colectivo sobre cine y derechos humanos (os hablé de ello aquí).

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La polémica Hobbes-Boyle: Práctica científica y conflicto político durante la Restauración en Inglaterra (1660-1670)

No os sorprenderá si os digo que tengo el blog un poquito abandonado. No es por gusto, sino porque mimar este espacio como se merece requiere un acopio de tiempo que ahora mismo no estoy en condiciones de hacer.

Sin embargo, mis otras actividades de vez en cuando ofrecen resultados que son dignos de compartir en este espacio, y ese es el caso de mi intervención, a inicios de verano, en las Noosferas que tienen lugar como parte del proyecto BiVos^LAB, desarrollado por la cooperativa BioCoRe.

Dediqué mi intervención a la polémica entre Hobbes y Boyle, siguiendo en gran medida el estudio de Steven Shapin y Simon Schaffer, pero aportando elementos de cosecha propia, relacionados con mi propia investigación doctoral. En el vídeo, colgado recientemente, se recoge la intervención íntegra, pero no el debate posterior.

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Nuevo texto

Como suele ocurrir por estas fechas, acabo de subir a la sección de Textos las notas de la presentación que realicé hace unos días en el seminario anual de Almarza. En esta ocasión el tema del seminario era “La izquierda y el estatalismo”, y tuve la responsabilidad de presentar ni más ni menos que El Estado y la revolución de Lenin, así como una selección de textos del Ché, incluido “El socialismo y el hombre en Cuba”.

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Debate a Fondo – 150 años de El Capital de Marx

Acaba de salir la grabación del último programa de radio online en el que participé. Con ocasión del 150 aniversario de la publicación de El Capital, hablamos sobre Marx y algunos conceptos esenciales de su Crítica de la Economía Política.

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Decisión y enroque

Hace unas semanas escribí un artículo reflexionando sobre nuestro orden constitucional y la cuestión territorial. También presentaba una pequeña propuesta sobre los términos en que sería jurídicamente viable y políticamente útil realizar un referéndum sobre el derecho de autodeterminación que, además, dotara de contenido propio a la reivindicación del “derecho a decidir”.

Reflexionando sobre este tema, leyendo las opiniones de otros, y comentándolo con amigos en la víspera del 1-O, se me ocurría pensar en que, conforme se tensa la cuerda, el ciudadano “derecho a decidir” se va tiñendo de decisionismo soberano. La verdad es que no es algo sorprendente, pero conviene explicitarlo, porque a veces lo más evidente es lo menos visible.

No es sorprendente, además, que la cuestión decisoria tome tanto más peso cuanto más se demuestra insuficiente la perspectiva positivista de acuerdo con la cual la ley es la ley porque es la ley y, precisamente porque es la ley, la ley hay que cumplirla. El ordenamiento jurídico hunde sus cimientos en las instituciones, y se hace real en la medida en que las instituciones lo acatan y lo ejecutan. Y al mismo tiempo las instituciones pueden actuar al margen de la legalidad o dar una apariencia de legalidad a lo que en realidad carece de ella, dando lugar a aberraciones jurídicas.

En Cataluña hemos visto recientemente unas pocas de esas, empezando por la ley de referéndum y la de transitoriedad jurídica. Y desde posiciones de izquierdas uno puede estar de acuerdo o no con estas formas de desobediencia, que no es solamente civil sino también institucional, y que a veces se queda a medio camino por las contradicciones que se dan en el seno del bloque “autodeterminista”.

Lo que importa más, y es más grave, es que esas aberraciones también se dan en el lado opuesto. De hecho, diría que el bloque centralista fue el primero en retorcer la ley. Ya hablé, en ese artículo anterior, del Estatut y de cómo eso rompió el consenso interpretativo. Pero también podríamos hablar de la reciente reforma del TC. Y, antes de eso, de la Ley Mordaza y la institución de un “derecho administrativo del enemigo”. Y de la reforma del Código Penal que establece la cadena perpetua revisable. Y de la reforma del artículo 135 de la CE. Lo más reciente, sin embargo, es el modo en que el bloque centralista ha ido tomando medidas para aplicar el 155 de facto, evitando el debate parlamentario, el coste político que esto tendría, los mecanismos de control que ese artículo prevé. Todavía se está explorando la posibilidad de recurrir, como alternativas al 155, a la Ley de Seguridad Nacional, o a la declaración del estado de emergencia.

Todas estas aberraciones jurídicas están conectadas: la judicialización del conflicto político es inseparable de su transformación en un problema de orden público, y queda a su vez afectada por el corrimiento desde la jurisdicción penal hacia la administrativa. El único motivo por el que el bloque centralista puede plantear legítimamente no usar el 155 e intervenir la autonomía catalana por otras vías es que previamente ha quedado destruido el consenso interpretativo sobre qué era el Estado autonómico y cómo funcionaba. Y el único motivo por el que el bloque centralista ha podido intervenir con tanta facilidad la autonomía catalana es porque, mediante reforma de artículo 135 y otras leyes de ordenación económica, el Ejecutivo ha ido reforzando su poder durante estos años.

Un inciso, antes de seguir. Hablo de “bloques” y evito metonimias del tipo “Barcelona y Madrid” o “España y Cataluña” porque, en realidad, los dos bloques tienen una geografía más difusa de lo que pretenden. Hay defensores decididos del derecho a decidir, incluso decididos por la independencia, en todo el país. Y hay defensores decididos del centralismo en Cataluña. Además, ninguno de los dos bloques es monolítico; especialmente heterogéneo es el autodeterminista: todos defienden la autodeterminación, pero no necesariamente la secesión; todos asumen cierto tensionamiento de las leyes, pero no todos apoyan los desaguisados jurídicos y procedimentales de la Generalitat; todos reconocen la realidad nacional catalana, pero no todos lo hacen sin recurrir a esencialismos que dan mal rollo; etcétera.

Vuelvo al argumento. Creo que es claro que estamos ante un decisionismo cuya cobertura jurídica es un cachondeo. Habrá que contemplarlo también, por tanto, a pesar de lo que diga la ley (pero no independientemente de ello). En una primera aproximación encontramos, por un lado, al bloque centralista decidiendo que hay cosas sobre las que no se puede decidir, y por otro al bloque autodeterminista decidiendo que hay cosas sobre las que sí se puede decidir.

Si entramos un poco más en detalle, encontramos cosas curiosas. Primero, una parte importante del bloque autodeterminista ha decidido, y en eso está de acuerdo con el bloque centralista, que hay cosas sobre las que no se puede decidir. La Unión Europea, el euro, o la OTAN, por ejemplo. Y otra parte igualmente significativa del bloque autodeterminista simplemente plantea que hay ciertas cosas sobre las que no se puede decidir todavía. Está por ver cuándo se podrá decidir sobre ellas, y qué se decidirá en concreto.

Más paradojas decisionistas. Quienes reivindican la declaración unilateral de independencia lo hacen porque han decidido que la nación catalana es titular de una soberanía tal que puede hacerlo; la propia decisión, si se ejecuta con éxito, sería la verificación empírica de que dicha soberanía existe. Ahora bien: también nos piden a los ciudadanos del resto de España que les dejemos proceder de ese modo. Es decir, nos piden que soberanamente decidamos no decidir. Lo cual por cierto es una forma muy rara de ejercer el derecho a decidir. Por eso la DUI parece ser más táctica que estratégica. Y está bien que así sea.

Otra más. Aquí está todo el mundo decidiendo sobre lo que se puede y no se puede decidir. Y además decidiendo el sentido en el que se va a decidir sobre aquello sujeto a decisión. Sin embargo, en el fondo, todo el mundo está en realidad esperando a que se decida el PSOE. El PSOE tiene que decidir si está con Podemos y los nacionalistas, o con PP y Ciudadanos. Con los autodeterministas o con los centralistas.

Es normal que les suene: esto ya le pasó a Pedro Sánchez en 2016. En realidad lo que estaba en discusión era lo mismo: la campaña electoral fue estrechando cada vez más el abanico de problemas sobre los que Podemos había decidido que se podía decidir, y cuando llegó el proceso de investidura resultó que lo único sobre lo que cabía decidir era sobre Cataluña. En 2016 defenestrar a Pedro Sánchez fue necesario para que el PSOE se decidiera. Pedro Sánchez volvió y el PSOE vuelve a tener problemas para decidirse. Por eso era necesaria la intervención del Rey.

Un apunte. Nuestro orden político, nuestra Constitución en sentido amplio y completo, es altamente oligárquico y jerárquico. Oligárquico porque mandan pocos que tienen mucho. Jerárquico porque, además, en esa oligarquía existen algunos mecanismos, eficaces, de ordeno y mando. Uno de esos mecanismos es el Rey.

En mi artículo sobre el Estado autonómico evitaba valorar la viabilidad política de mi propuesta de referéndum pactado. Simplemente defendía su constitucionalidad y su utilidad. Esa omisión deliberada me impedía plantear algo importante. En este país una reforma constitucional es casi imposible si no cuenta con el apoyo del Rey. Que el Rey apoye una reforma constitucional es síntoma de que todos los sectores de nuestra oligarquía están razonablemente de acuerdo en su conveniencia; y sirve de acicate para los posibles reticentes. Visto el asunto desde nuestro sistema de partidos, se puede decir que, si PP y PSOE están de acuerdo, entonces el Rey está de acuerdo. Esto puede significar que el Rey facilita el acuerdo entre ambas fuerzas, o que el Rey asume el acuerdo que ya existe entre ambas. La única alternativa a este esquema de pacto entre sectores de la oligarquía es que se articule un movimiento popular suficientemente fuerte como para hacerlos bascular, desde su base hasta su cúspide. Como en Abril del 31, vamos.

Estos días estamos siendo testigos de una enorme movilización del bloque “autodeterminista”. Especialmente en Cataluña, donde la logística clandestina del referéndum ha sido un éxito mayúsculo a pesar de todo. Pero también fuera de ella, aunque sea organizativamente mucho más débil y menos masiva. Es preciso subrayar que coincide además en el tiempo con las grandes movilizaciones que están teniendo lugar en Murcia, y hay conatos de coincidencia reivindicativa en contra de la represión y en la constatación del vacío que separa al pueblo de las instituciones.

Todo esto, que es notable, es sin embargo insuficiente en comparación con el tipo de presión popular necesaria. Mientras tanto, por arriba, PP y PSOE estaban todavía lejos de alcanzar un acuerdo. Y no había tiempo ni tal vez posibilidad de defenestrar de nuevo a Pedro Sánchez, porque el problema del PSOE no es de liderazgo, sino orgánico. El principal partido “del régimen” se descompone a cámara lenta al mismo tiempo que el régimen muta.

Por eso el Rey ha intervenido. Para marcarle el camino al PSOE. Aunque probablemente no hiciera falta, y una “gran coalición” en este ámbito fuera solamente cuestión de tiempo. El Rey ha desperdiciado una oportunidad de oro, y parece ser que pintan bastos. El error ha sido garrafal. Le ha puesto en bandeja a Puigdemont emitir en televisión un discurso en el que no ha dicho nada de entidad y, sin embargo, ha estado brillante. El único problema que comparten los dos discursos es que ambos ignoran la realidad social y política representada por el otro, aunque el del Rey además lo haga en grado sumo. Salvo por eso, el discurso de Puigdemont tiene todo aquello que el Rey debería haber puesto sobre la mesa: uso de ambas lenguas, reafirmación clara de su postura, rechazo del recurso a la fuerza y vocación de negociación con mucha flexibilidad.

No me sorprende que el Rey haya tomado partido por el bloque centralista. Entre otras cosas porque el Rey es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tienen el cometido constitucional de velar por la integridad territorial y defender el ordenamiento constitucional. Diría que en el texto constitucional es más importante la autoridad militar del Rey que el cometido de defender la integridad territorial. Pero la ley fundamental es mucho más que texto, y en la práctica “integridad territorial” es sinónimo de “indisoluble unidad de la nación española”. Así que mal vamos.

Otra razón por la que no me sorprende la postura del Rey es que Su Majestad ya mostró, cuando todavía era Príncipe, su escasa capacidad para asumir las responsabilidades institucionales que le corresponden como monarca hereditario. Especialmente el hecho de que el monarca no puede expresar deseos propios, individuales, sino que solo puede interpretar y manifestar los deseos de la nación a la que encarna. Y cuando la nación, que es la española y por tanto una nación de naciones, está tan atravesada de contradicciones y enfrentamientos como ahora mismo, su obligación institucional es tratar de conciliar todas las posturas y sintetizarlas en una sola y coherente. Precisamente porque es imposible que un individuo y sus descendientes sean congénitamente capaces de representar de forma vitalicia a su nación es por lo que los Estados se han ido perfeccionando y se han dotado de mecanismos electivos para el nombramiento del Jefe del Estado.

Digo que no me sorprende que el Rey haya tomado partido por el bloque centralista. Lo que sí me sorprende es que lo haya hecho en este momento. Y de esta manera. Básicamente, lo que ha hecho el Rey es enrocarse. En ajedrez, el enroque es una jugada que solamente se ejecuta una vez. Sirve para proteger al Rey, es decir, revela que el jugador tiene miedo. También lo arrincona, es decir, limita su capacidad de movimiento, incluso si en general el rey se mueve poco.

Soy un pésimo jugador de ajedrez. Difícilmente hago una correcta valoración de los riesgos y por eso acabo perdiendo. En el mejor de los casos consigo quedar en tablas. Un síntoma de mi poca habilidad es, creo, que recurro al enroque antes de tiempo.

El Rey se ha enrocado demasiado pronto. Turno de los autodeterministas. Queda mucha partida por delante. Y muchas cosas sobre las que decidir si podemos decidir, y qué decidimos.

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